Denuncian
presuntas irregularidades
del hotel Meliá Paradisus
Nuevamente
la cadena hotelera Meliá se ve involucrada en un acto de presunta violación a
las disposiciones de las leyes en materia ambiental. El presunto delito
recurrente, el inicio de obras que generan impacto ambiental sin la previa
autorización de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat). En esta ocasión, el complejo denominado Paradisus ubicado en el
kilómetro 16.5 del Bulevar Kukulcán en la zona hotelera de Cancún, donde
actualmente se habilita una enorme estructura para la realización de eventos en
zona federal marítimo terrestre o terrenos ganados al mar.
Lenin
Amaro Betancourt, presidente de la Asociación de Legisladores de Quintana Roo
(Alqroo) presentó el expediente administrativo número
PFPA/29.3/2C.27.5/0093-16, iniciado por la Profepa en materia de Impacto
Ambiental “por las obras y actividades que se llevaron a cabo en la zona
federal marítimo terrestre o terrenos ganados al mar adyacentes al hotel
denominado Paradisus, Cancún”.
Según
lo explica el dirigente, entre las irregularidades encontradas por el personal
de la procuraduría, destaca la inexistencia de la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA) correspondiente, además del daño generado a las playas y a la
vida silvestre, al instalar una carpa de 50 metros de ancho por 56 metros de
largo; asicomo 75 mesas y 750 sillas, tres barras para despachar licores,
cuatro barras de comida y un escenario para espectáculos; ello en la fecha, 9
de octubre de este año.
“Resultado
de la inspección, se decretó la Clausura Total Temporal de dicha estructura;
apenas unas dos semanas atrás, la propia Procuraduría General de la República
(PGR), retiró la estructura en cuestión, y cuál es nuestra sorpresa cuando nos
encontramos que ahora, el hotel en cuestión, está montando una estructura dos o
tres veces mayor en tamaño y capacidad, cuando existen presuntas violaciones
acreditadas por Profepa como la inexistencia de una MIA”, detalló el ex
legislador.
Cabe
destacar, que aún a pesar de la clausura, el gerente del hotel en cuestión retiró
los sellos y llevo a efecto el evento para cual le había sido rentado el lugar.
Lenin Amaro destacó que, al parecer, la empresa muestra una tendencia a no
respetar a la autoridad federal, pues en este caso, se ha vuelto a instalar
otra carpa, y, en el caso del Me by Meliá, también fueron retirados los sellos
de clausura y se continúa con la construcción de dos edificios en terrenos
propiedad de la Nación.
“Nuevamente
nos encontramos ante un acto de presunta corrupción que reta a la
administración Federal al conducirse fuera de la legalidad, esperando que al
final, la autoridad le ‘premie’ imponiendo una multa que, a la luz de las
ganancias, resulta irrisoria”, sentenció el activista social.
“Es
importante destacar que la legislación, no sólo prevé penas como la clausura,
el derribo de estructuras aún y cuando éstas sean permanentes, multas y hasta
la privación de la libertad; es fundamental recordarle a la autoridad que,
hechos como estos, más aún cuando son recurrentes, prevén la cancelación de la
concesión de la zona federal marítimo terrestre”, advirtió.
Explicó
que la empresa hotelera no sólo ha violentado disposiciones legales, sino que
ha perjudicado a otras empresas que confían en la formalidad y seriedad del
hotel al rentar espacios como el antes descrito, toda vez que se sabe que la
empresa que rentó el espacio fue engañada por la empresa hotelera la que habría
asegurado durante el mes de octubre que el trámite de permiso por parte de
Semarnat estaba en trámite, cuando en realidad, no había ninguna solicitud y
mucho menos autorización.
Debido
a todo lo anterior, la Asociación de Legisladores de Quintana Roo, en
representación de ciudadanos interesados ha interpuesto una denuncia ante la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en contra de quien o quienes
resulten responsables por estas ilegalidades.
Para
concluir, Lenin Amaro puntualizó lo que se solicitó a la autoridad, a través de
la denuncia:
1.-
considerar al denunciante por presentado con denuncia ambiental;
2.-
informar si la empresa fue obsequiada con un nuevo permiso, a pesar de haber
sido sancionada por la comisión de delitos ambientales y penales y en su caso,
fundamentar la decisión;
3.-
informar si han procedido con la clausura de la concesión de zona federal
marítimo terrestre como lo determina la ley;
4.-
recibir el material fotográfico que se adjuntó a la denuncia.
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