Advierte
Alqroo que hotel Me by Meliá
violó clausura de la Profepa
El
pasado 14 de diciembre de 2016, la delegación estatal de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado de prensa en
el que asegura que en las instalaciones del hotel Me by Meliá no se retiraron
los sellos de clausura ni se registran trabajos. El documento está disponible
hasta hoy en la página oficial www.profepa.gob.mx.
No obstante, registros fotográficos desmienten una versión, que al ser oficial,
pone en duda la probidad de la dependencia federal en su conjunto, advirtió
Lenin Amaro Betancourt, presidente de la Asociación de Legisladores de Quintana
Roo (Alqroo).
Ante
estos hechos, la asociación y los ciudadanos interesados han presentado ante la
delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), registros
fotográficos que no sólo demuestran que los sellos fueron retirados, sino que
aún hay trabajos realizados por personal debidamente ataviados con uniformes de
trabajo de construcción en la zona de clausura, además de presentar los
alegatos legales que suponen sanciones descritas en los artículos 400 y 420
Quarter del Código Penal Federal.

Abundó
que, en su caso, un amparo se promueve cuando el presunto infractor cumple con
la ley y solicita el amparo para demostrar que le asiste la razón, “un amparo
no es, en ningún caso, una patente de corso para delinquir; pero luego resulta
que la propia dependencia señala que, lejos de ello, la empresa no cuenta
siquiera con la Manifestación de Impacto Ambiental y por el contrario, sí pone
en riesgo especies de la vida silvestre y se encuentra dentro de un área
natural protegida”.
“Ahora
resulta que, la empresa sigue trabajando aun cuando fueron clausurados los
trabajos, que retiran sellos, y la delegación pretende hacernos creer lo
contrario; es importante hacerle saber a la delegación que la aplicación de la
ley rebasa los intereses particulares y más aún, una dependencia no puede
hacerse cómplice, ello es un acto definido como Asociación Delictuosa y es
penada”, advirtió Lenin Amaro.
Por
lo anterior, en el documento que se ha entregado ante la PGR, se exige una
investigación a fondo por la presunta comisión de actos sancionados en la
propia Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos que, en todos los
casos en que se demuestra la participación de uno o varios funcionarios
públicos en actos ilegales, se imponen sanciones que no alcanzan fianza y por
el doble de la penalidad prevista para quien resulta responsable.

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