martes, 29 de marzo de 2016

Urge regular propaganda
gubernamental: Ivanova Pool

La diputada federal quintanarroense, Ivanova Pool dio a conocer el decálogo que incluye la iniciativa para reformar el artículo 134 de la Constitución Política en los que se incluirían las nuevas facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.La propuesta que presentó el Grupo Parlamentario del PRD se refiere a la erogación que hagan dependencias y entidades públicas de los tres niveles de gobierno en los medios de comunicación como prensa, televisión, radio, medios electrónicos, salas de exhibición de cinematografía o infraestructura colocada en la vía pública y consta entre otras cosas de:
Articular un sistema de fiscalización de los gastos que se hagan de manera directa o indirecta los tres niveles de gobierno en el gasto de propaganda y comunicación social.

Se establecen restricciones a la propaganda para que no se incluya la imagen, nombre, cargo, voz, o símbolos de los servidores públicos, mensajes partidistas, uso de colores patrios o que incentiven a la violencia, a la discriminación o que pretendan influir en las preferencias electorales.
La Secretaría de Gobernación administrará los tiempos oficiales de Radio y Televisión y la ASF fiscalizará y vigilará su ejercicio.
Será obligatorio elaborar programas anuales de propaganda de la Administración Pública para tener objetivos claros y cuantificables.
El gasto en propaganda no deberá exceder del .03 % del gasto corriente aprobado en el presupuesto federal o local.
Se crea el Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación, cuyo sistema será informativo y público.
Toda la información relacionada con la propaganda no podrá ser clasificada como reservada o confidencial.
El Tribunal  de Justicia Administrativa tendrá facultades para aplicar sanciones en caso de una violación o irregularidades en el ejercicio de recursos públicos destinados a este rubro.
De acuerdo a la secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en México se han desarrollado prácticas en las que la propaganda gubernamental atenta contra el derecho a la información de la sociedad y es utilizada para promover la imagen de personajes políticos, de ahí que recalcó que la propaganda que difundan los poderes públicos deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

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